La polémica alrededor de Verifactu continúa creciendo. Este martes, Hacienda ha anunciado un nuevo retraso en la entrada en vigor del sistema, asegurando ahora que no será obligatorio hasta 2027 para pymes y autónomos. Sin embargo, la incertidumbre es mayor que nunca: el Gobierno no ha concretado qué parte de la normativa se aplaza ni ha publicado aún el contenido oficial en el BOE.

El profesor de Derecho Fiscal de la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX), Javier Rodríguez, uno de los expertos que más ha analizado técnicamente el asunto, ha respondido con contundencia tras el anuncio gubernamental. Y lo hace reafirmando lo que ya explicó esta mañana en Girona Notícies:
“Verifactu no es obligatorio. No lo es ahora y no lo será ni en 2026 ni en 2027 mientras no cambien la normativa.”

Rodríguez recuerda que el Real Decreto 1007/2023 solo exige requisitos técnicos a los desarrolladores de software de facturación, pero no obliga a ningún autónomo o pyme a usar un programa de facturación ni, mucho menos, Verifactu. Esta herramienta, insiste, es un sistema voluntario para enviar automáticamente facturas a la Agencia Tributaria.

“Verifactu ni este 2026 ni el 2027”

El experto advierte que para que Verifactu pudiera imponerse sería necesario modificar el artículo 15 del Real Decreto 1007/2023 y aprobar el Reglamento de la Ley 18/2022, que regula la factura electrónica obligatoria. Y aun así, la ley establece que su aplicación debería esperar uno o dos años desde la publicación del reglamento.

“Hasta que no ocurran esas cosas, no hay ninguna obligatoriedad posible”, subraya Rodríguez.

Una comunicación confusa: “chapuza sobre chapuza”

Para el profesor, el anuncio del Gobierno es impreciso y genera más dudas que certezas:

“Lo están complicando hasta el extremo. Han mezclado dos cuestiones distintas dentro del mismo real decreto y ahora nadie sabe qué se está posponiendo. ¿Todo el decreto? ¿Solo Verifactu? ¿Qué entra realmente en vigor?”

Rodríguez denuncia que se ha generado una enorme confusión al presentar Verifactu como si fuera el eje de todo el reglamento, cuando en realidad solo está regulado en los artículos 15 y 16.
“El resto del decreto —explica— establece requisitos técnicos de los programas de facturación, que nada tienen que ver con la remisión voluntaria de facturas.”

Los desarrolladores de software, en el limbo

La situación deja en una posición crítica a los fabricantes y empresas de software, que llevan meses adaptando sus programas al reglamento:

“¿Qué hacen ahora los desarrolladores? ¿Desinstalan lo que ya han adaptado? ¿Lo dejan para 2026? ¿Instalan un software que no sabemos si estará vigente?”, cuestiona el experto.

Rodríguez advierte que la falta de claridad jurídica está generando inseguridad y retrasos en decisiones empresariales, algo que considera “inadmisible para una norma que afecta a millones de autónomos”.

A la espera del BOE

Por ahora, la única certeza es que habrá que esperar a que el Gobierno publique oficialmente en el BOE el alcance real del retraso anunciado.
Hasta entonces, Rodríguez resume la situación con una frase rotunda:

“Verifactu sigue siendo voluntario. Y con la normativa actual, no será obligatorio ni en 2026 ni en 2027. Esto es, simplemente, otra chapuza más.”

Fuente: GIRONANOTICIES.COM